Rafa Latorre: "El pato lo paga Marlaska, pero el contrato quienes lo pagan son los españoles"

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Rafa Latorre reflexiona en La Brújula sobre la suspensión del contrato con Israel, la comparecencia de Puente en el Senado y la documentación recibida sobre el Fiscal General del Estado.

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Si hay un ministro sacrificado, ese es sin duda Grande Marlaska. Con qué discreción aguanta el hombre todo tipo de humillaciones. Con qué disciplina asume la desautorización. Todavía no se había repuesto del día en que prometió que jamás se delegarían competencias de inmigración a Cataluña y hoy ha tenido que coger el contrato para la compra de balas a una empresa israelí, hacer un canutillo con él, ingerirlo y deglutirlo. De estos festines con sabor a sapo algo sabe Marlaska, que es el fusible preferido de Pedro Sánchez.

No fue en tiempos remotos. Fue en Semana Santa. Y hoy se publicó en el BOE. El descubrimiento provocó el sofoco de los socios de coalición, en concreto de Izquierda Unida. Porque si ya asumir el plan milmillonario para el rearme les resulta indigesto, que encima el dinero se gaste en empresas israelíes ya les parece demasiado.

Así que Izquierda Unida amenazó con abandonar el Consejo de Ministros y Sánchez no lo ha dudado. El pato lo paga Marlaska, pero el contrato quien lo paga son los españoles. Porque los contratos que se firman no se pueden romper sin penalización. De manera que, prodigios de la política cosmética, para la empresa israelí es un negocio redondo. Para los españoles no tanto, que una vez más tienen que pagar la factura para que Sánchez pueda mantener su gobierno. Crisis zanjada.

Yolanda Díaz ha aprovechado el drama para anunciar que en el próximo Consejo de Ministros van a aprobar su proyecto para la reducción de la jornada laboral y en ese Consejo de Ministros seguirá sentada Sira Rego, que es la representante de Izquierda Unida a la que su formación quería obligar a dimitir si el Gobierno recibía las balas que ha comprado. Ella con lo ocurrido ya se conforma.

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, en cambio, sí quiere saber más. Quiere saber cuánto costará la suspensión del contrato, si conllevará un nuevo desaire diplomático con Israel y si hay otros contratos suscritos por este gobierno que provocarán sucesivos dramas en la coalición.

Marlaska, por cierto, está desaparecido. Es una dinámica habitual. Le desautorizan y desaparece durante un tiempo.

Quien hoy sí se ha enfrentado a preguntas, y algunas de ellas muy incómodas, ha sido Óscar Puente, el sucesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Ha comparecido en la Comisión del Senado que investiga la presunta trama corrupta que alcanzó el núcleo de su gobierno. Menudo espectáculo se vivió allí. Todo tensión, acusaciones, reproches y un tono un tanto brutal.

Ahora en cuanto al fondo sí ha habido algunos argumentos interesantes. Bueno, llamémosle interesantes porque Puente ahora al fin sí se muestra escandalizado por que Jessica dijera que no ha ido jamás a trabajar. Es que hasta ahora ponía en duda su testimonio ante el juez y decía que INECO tenía documentación que acreditaba que ella había acudido a su puesto. Ahora ya hay tales indicios de que aquello fue una forma de darle un sueldo público por la cara cada mes que no tiene más remedio que mostrarse escandalizado, a pesar de que luego relativice el escándalo.

Un momento verdaderamente sorprendente fue cuando Óscar Puente describió el puesto de trabajo de Jessica. A ver, que el Gobierno mintió es algo ya indudable, el problema es que esta vez su mentira traía consecuencia y, por tanto, es mejor que las facturas las paguen los españoles. Y el pato, que lo pague Marlaska.

Hablando de consecuencias y de mentiras, queda ya menos tiempo para saber si efectivamente debemos pedirle perdón al Fiscal General del Estado por dudar de su integridad o si quien debe hacerlo es, primero, Álvaro García Ortiz y luego Pedro Sánchez.

Porque se acumulan las malas noticias, que es lo mismo que decir que se acumula documentación sobre las comunicaciones que destruyó para dificultar la investigación de la filtración de documentación confidencial del novio de Ayuso.

No solo la comisión rogatoria a Irlanda para recibir los mensajes de Gmail ha obtenido una respuesta exitosa, también llegan de Estados Unidos los mensajes de WhatsApp enviados por el fiscal en los días críticos. En un nuevo auto, el juez Hurtado ordena a la Guardia Civil realizar una prueba pericial en otra pieza separada declarada secreta durante un mes.