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Rafa Latorre reflexiona en La Brújula sobre la declaración del Fiscal General del Estado y la negociación del Gobierno con Junts para aprobar el decreto ómnibus.

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Ante el espectáculo, uno tenía que recordarse a sí mismo que el hombre que estaba ahí sentado en una sala del Supremo declarando ante el juez es quien tiene como misión primordial promover la acción de la justicia para la persecución del delito. El Fiscal General del Estado no contestó a más preguntas que a las de su defensa que, para mayor sarcasmo, era la Abogacía del Estado. El espectáculo es inenarrable, pero habrá que intentar describirlo, aunque suene inverosímil.

Quien ejerce la acusación popular es una subordinada suya. La teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde. Todo, como ven, es absolutamente inverosímil, porque de hecho el que el Fiscal General del Estado esté siendo investigado por graves delitos somete al Estado de derecho a una torsión insoportable que lo retuerce todo.

Todavía no habían dado las diez de la mañana cuando Álvaro García Ortiz entraba ufano por la puerta principal del Supremo para declarar como investigado en la causa de una posible operación política para la destrucción de una adversaria del Gobierno mediante la utilización de información confidencial de su novio.

Es que conviene recordarlo. La misión que tiene encomendada el Fiscal General del Estado es promover la acción de la Justicia para la persecución del delito. Hoy, sin embargo, no sólo se ha negado a contestar a las preguntas del juez, sino que además ha cuestionado sus motivaciones y su proceder. Considera que el juez Hurtado está actuando de manera "predeterminada". "Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad".

Tiene derecho a no responder, y también como investigado Álvaro García Ortiz puede permitirse mentir en su declaración ante el tribunal.

Capítulo aparte merece la actuación de la Fiscalía, porque a esto aboca la imputación del superior jerárquico. La teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, no planteó ninguna cuestión porque defendió que el origen de este procedimiento es una entrada y registro "ilegal" -en referencia a la diligencia llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 30 de octubre en su despacho por orden del Supremo- y hay una "conexión de antijuricidad". Pero, claro, qué va a decir si es subordinada suya. Hoy Álvaro García Ortiz tenía dos defensas, la abogacía del estado y la teniente fiscal. Y sigue contando con todo el apoyo, aunque hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, abría un pequeño resquicio. A saber si hay un juicio oral lo dejan caer, porque, ojo, no lo puede cesar.

Los populares han anunciado que votarán que sí al decreto después de que el Gobierno se haya visto obligado a trocearlo y de las 80 medidas originales dejarlo en 20. Está recibiendo algunas críticas desde la derecha, pero la posición tiene bastante sentido. Parecería bastante caprichoso que hayas forzado el troceamiento del decreto y una vez lo consigues decidas impugnar tu propio triunfo.

Este es un error que ya cometió con la reforma laboral. En lugar de fardar de que en lugar de una derogación, Sánchez y, sobre todo, Yolanda Díaz habían tenido que asumir el grueso de la reforma de Fátima Báñez, decidieron salvar el argumentario del gobierno votando no todos menos uno. Claro que entonces casi hacen caer al gobierno y esta vez los votos para el ómnibus los tienen garantizados.

Y es verdad que se van a tener que tragar el palacete del PNV, pero una cosa es no someterse y otra es comerse todos los trapos. Y lo cierto es que el gobierno estaba deseando que el PP votara que no para echarle en cara las pensiones. Basta con atender a lo que hoy dice Óscar Puente para tener la certeza de que el Gobierno deseaba forzar como fuera el no al decreto troceado para la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte público.

El PP ha decidido finalmente votar que sí, y tiene su lógica, porque es verdad que tiene que transigir con cuestiones como el palacete del PNV, pero es que el sí es lo que le permite capitalizar la derrota de Sánchez en este asunto, obligado a introducir rectificaciones que prometió que jamás introduciría.

Hoy Junts ha revelado el texto de la Proposición no de Ley para que el Congreso inste a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Es verdad que esa es una prerrogativa del presidente y que Sánchez hará caso omiso, pero es que la intención de Carles Puigdemont jamás ha sido la de hacer caer al Gobierno, sólo faltaría. Siempre quiso mantenerlo vivo, pero con un hilo de vida.

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