Monólogo de Alsina: "Fiscal borrador del Estado"

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Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre el caso fiscal general del Estado.

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Cuando no sólo mantiene su palabra, sino que cumple lo prometido también es noticia. Es más, tratándose del presidente, igual es más noticia. Que mantenga y que cumpla.

Anunció que se prorrogarían los permisos de trabajo y residencia de los inmigrantes, residentes en Valencia, que resultaron damnificados por la riada de octubre -tan damnificados como los nacidos aquí, la tragedia no hace distinciones- y hoy el Consejo de Ministros irá más lejos y regularizará la situación de quienes no tienen papeles en regla.

Personas que hasta ahora estaban con la espada de Damocles de una posible expulsión, y ganándose la vida en la economía sumergida, podrán recibir los permisos administrativos para residir, trabajar y tener una nómina durante un año.

Los casos son variados. Desde inmigrantes que no podían renovar sus autorizaciones porque el empleador que tenían ha cerrado, damnificado él también por la riada, a solicitantes cuya tramitación se quedó a medias y nunca recibieron los permisos, a personas que nunca han podido estar en situación regular porque no reunían los requisitos. El primer cálculo del ministerio de Elma Saiz estima en veinticinco mil las personas que podrán beneficiarse de esta suerte de regularización extraordinaria.

Para todas ellas, el de hoy -paso adelante- es un buen día. Para el gobierno valenciano, también. Aplaude la medida el vicepresidente Gan Pampols.

Sigue pendiente de resolverse la situación del resto de inmigrantes sin papeles que viven y trabajan en España. El Congreso, con el único voto en contra de Vox, dio curso a la iniciativa ciudadana para regularizar a medio millón de ciudadanos. Pronto se cumplirá un año de aquella votación. Desde entonces ha habido proposiciones distintas de los grupos parlamentarios sin que se haya llegado a conclusión alguna. Entretanto, el Gobierno aprobó el nuevo reglamento de Extranjería que viene a ser un sucedáneo, con nuevas vías para demostrar el arraigo y solicitar permisos pero sin que alcance a ser lo que reclamaban las seiscientas mil firmas que llegaron al Parlamento, que era una regularización extraordinaria con todas las letras. La política de acogida del gobierno Sánchez no llega todavía tan lejos.

Caso fiscal general

Se sabía que el fiscal general general del Estado, dedo rápido según Sémper, había borrado todos los guasaps de su teléfono móvil porque la UCO nunca encontró nada (cero mensajes)…quién le va a pedir perdón, proclamó el presidente, como si hubiera que pedir perdón a un investigado por ponérselo difícil a los investigadores de la UCO.

Borrado intencionado de todos los mensajes hasta en dos ocasiones el 16 de octubre.

Eso, elevemos el debate público, presidente. Identificar el borrado de mensajes con la exoneración del investigado es de muy poco nivel de debate. Casi casi podría decirse que es un intento de confundir a la opinión pública. Qué mala noche aquella en la que Sánchez cantó victoria sin esperar al desenlace de la investigación judicial.

Claro que el presidente aún estuvo prudente comparado con su segunda. Vicepresidenta primera del gobierno de España, María Jesús Montero. Ayer, de nuevo, entregada a la distorsión.

Ahora, que pretenda convencer a la sociedad de que por investigar al fiscal general se está dejando de actuar contra delincuentes (otros presuntos delincuentes) es una falacia de primero de desinformación. Aunque la vicepresidenta no lo crea, los jueces son capaces de investigar un presunto delito sin dejar de investigar otro. Y en este asunto está tan investigado el presunto delito fiscal de un tal González Amador -por el fiscal Salto, por cierto, no por el fiscal general- que el presunto delito de revelación de Álvaro García Ortiz. De modo que ya está bien, ¿no? Ya está bien de querer confundir a la opinión pública. Que es usted la vicepresidenta del gobierno de todos los españoles. Un respeto. A la inteligencia, aunque sea. Que usted se tome este caso como si fuera el fútbol -yo con quién voy - no le da derecho a retorcer la realidad para desinformar a sus gobernados.

La causa judicial sigue adelante. Y como el imputado disfruta de todas las garantías, tiene en su mano recurrir las decisiones del juez. Hoy, de hecho, el Supremo estudia el recurso del fiscal general contra el registro de su despacho e incautación de sus dispositivos electrónicos. Aspira, con poca esperanza, a que el tribunal corrija al juez instructor y anule el registro (y todo lo que de él se desprende). Con poca esperanza de que el Supremo le dé la razón pero anticipando el argumento con que recurrirá, en su momento, al Tribunal Constitucional. Y en su derecho está.