Monólogo de Alsina: "Sin pistola humeante, pero con la UCO"

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Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo debido a las sospechas de que García Ortiz "dirigió los pasos que llevaron a la filtración" en el caso del novio de Ayuso.

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En dos semanas, día 29, tendrá lugar en el Tribunal Supremo la gran velada. Lástima que no se transmita en abierto porque sería un imán para las audiencias masivas.

La gran velada: el juez Hurtado y el fiscal general frente a frente

El juez Hurtado y el fiscal general García Ortiz frente a frente. La de veces que se habrán cruzado en un pasillo todos estos años. La de veces que habrán coincidido en actos oficiales. Quién sabe si incluso habrán tenido trato personal frecuente. Ah, pero la justicia es ciega, ya se sabe. Ciega, pero lectora atenta de los informes de la UCO. Y el día 29 dará igual qué relación hayan tenido hasta hoy el juez y el fiscal porque ese día sólo serán el instructor de una investigación penal y el ciudadano investigado por un delito.

Los fiscales son, casi siempre, quienes preguntan al sospechoso, le leen pasajes de los informes policiales, le repreguntan, intentan detectar incongruencias o falsedades en su testimonio. Sólo en unas pocas ocasiones, un fiscal tiene que responder él a quienes acusan porque es él el acusado. Y sólo en esta ocasión -porque el caso no tiene precedentes- el fiscal al que el juez preguntará por sus presuntas acciones delictivas es el jefe máximo de la fiscalía, fiscal general del Estado.

Del Estado, que no del gobierno por más que el presidente Sánchez tenga interiorizado desde antes de ser presidente que la fiscalía es propiedad de quien gobierna.

Sospechas de que el fiscal general dirigió la filtración

El juez Hurtado fijó ayer fecha para el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. La declaración de los testigos cuya comparecencia solicitó el acusado no ha movido una coma de la sospecha que sigue teniendo, y que ahora afianza, el juez instructor.

La finalidad política de la operación era clara

Entiende el juez que la finalidad política de la operación era clara. Y como ve, o interpreta, que las diligencias practicadas refuerzan los indicios de que se cometió delito, mantiene como imputados a García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y añade a un tercer fiscal sospechoso: Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general del Estado.

Por cierto, no limita la actuación delictiva, presunta, al día 13 de marzo, que es cuando se filtra el correo del abogado, sino que afirma que se extendió en el tiempo, entre el 8 de marzo y el 14, porque el 8 es cuando el expediente de González Amador, del que aún ningún medio sabe una palabra, llega a la fiscalía general del Estado de la mano de la fiscal Rodríguez. Cuatro días después la publica ElDiario cuando el abogado de Amador, dice el juez, aún no tenía conocimiento de la denuncia.

El primer informe de la UCO como base de la investigación

El juez Hurtado, que no puede llegar todavía a conclusiones definitivas porque aún está investigando -y aún no ha interrogado a los imputados- no aporta lo que algunos llamarían pistola humeante, una prueba irrebatible de que fue García Ortiz quien filtró el caso de Amador o el correo del abogado.

En rigor, lo que hace es remitirse al informe de la UCO de noviembre -el del papel preeminente del fiscal general- y exponer que las diligencias realizadas desde entonces lejos de refutar el informe lo afianzan.

Admite el juez que dos periodistas sostuvieron la semana pasada que ellos tuvieron el famoso correo antes de que llegara al gmail del fiscal general (uno de ellos, el 6 de marzo, antes incluso de que todo el expediente llegara a la fiscalía general del Estado), aunque no lo publicaran por razones profesionales. No parece que el juez dé relevancia a estos testimonios. Porque no aportaron datos objetivos, dice, y porque el hecho es que la publicación del correo es posterior a que el fiscal general lo recibiera.

Defender la imparcialidad y objetividad de la UCO

A día de hoy, por tanto, la imputación sigue donde estaba, el primer informe de la UCO sigue siendo la base y los testigos solicitados por la defensa no han servido para cambiar el curso del procedimiento. Sí es llamativo que el juez crea necesario dedicar un párrafo largo a defender la imparcialidad y objetividad de la UCO y el hecho de que la propia fiscalía se apoye en sus informes en otras causas.

Aún es pronto para decir cómo acabará la causa -si con todo archivado porque no hay nada, como el gobierno le está indicando al juez- o con el fiscal general procesado y juzgado -como el gobierno de Madrid, por boca del jefe de gabinete de la presidenta, le está indicando al juez-. Pero tres meses después de iniciado el procedimiento, no parece que Álvaro García Ortiz lo tenga hoy mejor que cuando empezó. Y el Palacio de la Moncloa, tampoco.