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- OndaCero
- Publicado: 13/12/2024
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Rafa Latorre reflexiona en La Brújula sobre la financiación autonómica propuesta por el Gobierno en la Conferencia de Presidentes.
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El debate sobre la financiación nunca fue pacífico, pero la forma en la que se ha concebido este lo hace imposible.
Mucho antes de que los dirigentes autonómicos llegaran a Santander para la Conferencia de Presidentes, Sánchez ya había comprado la investidura de Salvador Illa con la promesa de una financiación singular para Cataluña. Y aún antes compró los votos de los independentistas con la promesa de una condonación de su deuda.
Todo lo que ahora propone está condicionado por ello y no persigue el interés general, sino tratar de enmascarar su transacción con los independentistas. Encima, la mayoría del poder territorial está en manos del PP lo que dificulta sobremanera el acuerdo.
La negociación ha empezado con el planteamiento de dos trampas que ahora les explicamos. La recreación de una una negociación bilateral con cada comunidad para tapar la relación de privilegio con Cataluña. Y una condonación de la deuda de las autonomías, que a quien más beneficiaría es a Cataluña. Este es el planteamiento.
Lo positivo es que a la convocatoria han ido todos los presidentes autonómicos, excepto el de la ciudad autónoma de Melilla por cuestiones de fuerza mayor. Eso es lo positivo, porque ya nos habíamos acostumbrado a los plantones de los nacionalistas.
Esta vez han ido todos, pero eso no quiere decir que haya voluntad de acuerdo y, de hecho, las discrepancias son muchas. La principal, la que motiva el anuncio con el que Pedro Sánchez ha iniciado la Conferencia: una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo enero para “impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común”.
Esto no es que la gracia presidencial quiera despojar de sus cargas a las comunidades. Esto es lo que pactó con Cataluña porque es la comunidad más endeudada de España y, por tanto, la que saldría beneficiada si ese es el criterio para una mejora de la financiación. Que más allá del oportunismo, ya es aberrante como concepción. O sea que cuanto peor gestiones, más te compensan. Cuanta más deuda, mayor es el alivio financiero.
Lo que ocurre es que hay una comunidad, además de Cataluña, muy sensible a un condonación de la deuda, que es el Comunidad Valenciana. Lo cual es lo más injusto de todo porque la Comunidad Valenciana es la más infrafinanciada de España. El agravio viene de lejos, pero la tragedia provocada por la dana ha agravado su situación.
¿Cómo se va a negar la Comunidad Valenciana a una condonación? No puede. Pero no se puede utilizar a Valencia como rehén del pacto con los independentistas. ¿Qué es lo que busca Pedro Sánchez? Dividir a las comunidades del PP. Lo que habrá que hacer es ofrecer una financiación acorde y justa y probablemente condonarle la deuda de forma excepcional para hacer frente a la catástrofe.
Eso es lo que propuso Isabel Díaz Ayuso, que ha sido, como estaba previsto, la más beligerante contra el Gobierno central. La frialdad de su saludo con Sánchez ya permitía anticiparlo y el transcurso de la reunión solo lo ha confirmado. No olviden que la mayor parte del poder territorial está en manos del PP, lo que complica bastante estas citas.
No sé si se acuerdan de cuando se quiso convertir en pandemia al Consejo Interterritorial de Salud en una especie de Tercera Cámara o de Cámara paralela. Entonces los socialistas tenían mayoría en ese órgano y ahora la mayoría en presidentes en la Conferencia de Presidentes es del PP. De ahí la obstinación de Pedro Sánchez en las relaciones bilaterales.
La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha salido este viernes en defensa de la labor desempeñada por quienes integran el tercer poder del Estado mientras desde el poder político se incrementan las acusaciones de lawfare contra los miembros de los jueces.
Con ocasión de su asistencia al acto de entrega del premio Fórum Europa 2024, Perelló ha querido emitir un comunicado donde sostiene que "el Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado".